Vox y el eco de la condena de Le Pen ¿presagio para la ultraderecha española?

MINERVA RODRIGUEZ MARTIN, enviada especial a Bruselas – 1 de abril de 2025

En el vestíbulo atestado del tribunal de París, Marine Le Pen recibió la sentencia que paralizó su carrera política: cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos. La líder del Reagrupamiento Nacional, figura clave en la ultraderecha europea, no podrá ostentar cargos públicos hasta 2030, a menos que logre revertir la decisión mediante recursos judiciales.

Mientras sus seguidores vociferan contra lo que consideran un ataque político, en España Santiago Abascal, al frente de Vox, observa con cautela la situación. Más allá de las declaraciones, existe una red de alianzas y estrategias—que involucra desde el ISSEP hasta nexos con corrientes tradicionales como el Opus Dei—, que conecta a Vox con figuras internacionales y pone en el punto de mira a los tribunales y a Bruselas.

El golpe de la condena: un llamado a la reflexión para la ultraderecha

La sentencia contra Le Pen no es un hecho aislado. Tras años de investigaciones sobre el manejo irregular de fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios, la justicia francesa concluyó que el RN había desviado sistemáticamente recursos públicos para financiar actividades partidarias. Le Pen calificó el fallo como “un intento de silenciar a los patriotas”, mientras que Viktor Orbán, aliado indiscutible, tildó el proceso de “lawfare” orquestado desde Bruselas. En Madrid, Vox se mostró solidario con el mensaje: “La UE teme a quienes defendemos nuestras naciones”, afirmaron varios cargos electos del partido. Este ambiente de confrontación judicial y política resuena en el seno de Vox, que comparte una plataforma ideológica con Le Pen y ha encontrado en el bloque de los Patriots, liderado por Orbán y actualmente por el mismisimo Abascal, una vía para ampliar su influencia.

El papel del ISSEP: semillero de pensamiento y acción

Fundado en 2018 por Marion Maréchal Le Pen, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) se ha convertido en un importante centro de formación ideológica para la ultraderecha española. Con figuras como Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza en cargos estratégicos, el ISSEP articula ideas que refuerzan una visión conservadora y soberanista. Este instituto no solo dice impartir conocimientos en economía y política, sino que también actúa como punto de encuentro para aquellos que desean profundizar en un discurso que rechaza la integración europea en determinados aspectos. La sobrina de Le Pen es su máxima figura. La influencia del ISSEP se extiende más allá del aula, sirviendo de vínculo entre Vox y otros partidos de la ultraderecha en Europa. los cargos institucionales del partido se forman en el centro, pagando ingentes cantidades de dinero, ya que los cursos no son nada baratos y lo que imparten es de dudosa calidad, según ex alumnos.

Entre la tradición y la modernidad: ecos del Opus Dei

Aunque el ISSEP y el Opus Dei no están formalmente vinculados, expertos han señalado que en ciertos círculos del conservadurismo español se comparten valores fundamentales de disciplina, rigor ético y defensa de un modelo social tradicional. Estas similitudes han hecho que, de forma indirecta, algunas corrientes dentro de Vox encuentren en el Opus Dei una referencia de estabilidad y orden. La imagen de un conservadurismo arraigado, que se nutre tanto de antiguas tradiciones religiosas como de estrategias modernas de financiación y comunicación, es parte del entramado que sustenta el discurso de Vox en su intento de diferenciarse de otras formaciones.

Financiación extranjera y el papel de los Patriots

Ante la reticencia del sistema bancario español—que, según Vox, financia a partidos tradicionales como el PP y el PSOE—la formación se vio obligada a buscar recursos en el exterior. Así, en 2022, Vox reconoció haber obtenido un préstamo de aproximadamente 9,2 millones de euros del banco húngaro MBH Bank Nyrt. Esta entidad, en la que figura como accionista principal Corvinus International Investment (fondo estatal vinculado al Gobierno de Viktor Orbán), se ha erigido como pieza clave en la financiación que ha permitido al partido costear sus campañas electorales. Aunque Vox insiste en que el préstamo fue otorgado de manera legal, su origen ha suscitado interrogantes dado que la normativa española prohíbe aceptar fondos de gobiernos u organismos públicos extranjeros.

La decisión de recurrir a financiación externa se enmarca en una estrategia más amplia. Tras abandonar el grupo Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo, Vox se integró en los Patriots, el bloque impulsado por Orbán que aglutina a formaciones ultraderechistas de toda Europa. Esta alianza no solo refuerza la coherencia ideológica, sino que también facilita el intercambio de recursos y la consolidación de redes financieras que benefician a todos sus miembros. En este contexto, figuras como Lörinc Mészáros, cuyo control sobre MBH Bank ha sido ampliamente discutido, son vistas como actores clave en el entramado financiero que sostiene estas estrategias.

Recuperación de fondos públicos a través de convenios

Mientras las sombras del préstamo extranjero se ciernen sobre la gestión financiera de Vox, el partido ha adoptado otra táctica: el uso de convenios con administraciones públicas. En varias regiones, Vox ha firmado acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas para organizar cursos, eventos y actividades formativas, financiadas a través de subvenciones públicas. Estos convenios, que cumplen con la normativa de transparencia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, permiten que parte de los gastos electorales se vean compensados por recursos estatales. Vox también ha sido señalado por recurrir a supuestos convenios de asesoramiento con cargos institucionales en diversos grupos de ayuntamientos, cabildos, diputaciones y parlamentos. Según algunas denuncias, más del 50% de las subvenciones adjudicadas a estos cargos, que en apariencia cumplen con la legalidad, terminan en las arcas del partido, lo que, según críticos, constituiría una forma encubierta de financiación irregular de partidos políticos. Aunque la defensa de la legalidad de estos acuerdos es firme por parte de Vox—con voceras como Pepa Millán asegurando que “todo está dentro de la ley”—la oposición los critica como maniobras para recuperar fondos públicos de manera indirecta.

Un futuro incierto y un mensaje claro

La condena de Le Pen y la red de alianzas que une a Vox con el ISSEP, las corrientes tradicionales y el bloque de los Patriots plantean un panorama complejo para la ultraderecha española. Mientras algunos ven en estos hechos un riesgo que podría desembocar en futuras investigaciones, otros defienden que se trata de una estrategia legítima para sostener un proyecto político que, según ellos, defiende la soberanía y los valores nacionales. La pregunta que ronda en los pasillos de Bruselas y Madrid es si los tribunales y las instituciones europeas seguirán el ejemplo francés, o si la red de alianzas y la defensa de la legalidad por parte de Vox lograrán mantener el statu quo.

En un café de Bruselas, un funcionario de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude comentó que “la ultraderecha está evolucionando en una red de influencias que cruza fronteras, y las instituciones están cada vez más atentas a cada movimiento”. En Vox, el mensaje es contundente: “No nos callarán”.

La prueba del tiempo será ver si este compromiso de resistencia se traduce en una mayor estabilidad política o en un riesgo latente para el futuro del partido.

Salvini, Orban, Abascal y Le Pen en una imagen de archivo